El fraile dominico Tomás de Torquemada fue el primer inquisidor general del Santo Oficio español, desempeñando su cargo en las Coronas de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, recién establecida la institución en Castilla. La imagen del inquisidor se ha visto afectada por una leyenda que lo acusa de gran crueldad y lo describe como el martillo de los herejes. Pero ¿cuánto hay de verdad? ¿fue tan cruel?
El origen de la Inquisición
La Inquisición o Santo Oficio nace en 1231 de la mano del papa Gregorio IX. El pontífice decidió establecer un procedimiento judicial común a toda la cristiandad que pudiese condenar de forma homogénea todos los delitos heréticos. La meta era crear el mecanismo idóneo que pudiese resolver las desviaciones teológicas, morales o disciplinares a través de un tribunal con la formación necesaria para entender y juzgar adecuadamente estas cuestiones. Desde Roma también se creó la figura del Inquisidor general, encargado de supervisar las sentencias que en cada reino se dictasen contra los herejes. Bajo ningún concepto este organismo tendría carácter permanente; sus componentes serían legados pontificios con poderes especiales por tiempo limitado, el suficiente para resolver un problema concreto.
Los procedimientos inquisitoriales buscaban detectar la herejía, en primer lugar, mediante las predicas y exhortaciones públicas, a través de las que se trataría de convencer a los herejes de las ventajas que traía la confesión para conseguir su reconciliación con la fe. Para confesar se les concedía un tiempo y una vez pasado comenzarían a aceptar denuncias. Por otro lado, la Inquisición consideraba que no era deseable recurrir a la tortura para conseguir una confesión, pues era síntoma de que el procesado no regresaba a la comunión con la Iglesia y, por tanto, con la sociedad civil y política. Por último, aclarar que en caso de haber una condena, el reo era entregado al poder secular para ejecutarla.
Antecedentes a la Inquisición en España
A lo largo de la Edad Media los reinos hispánicos no se encontraron tan expuestos al contagio de las herejías como otras coronas europeas. El problema se hallaba en la presencia judía y, en menor medida, la musulmana. Así, el miedo a la difusión de los judíos propició la legislación segregacionista que se aprobó en el IV Concilio Lateranense (1215), pero los monarcas de Castilla y Aragón, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador respectivamente, se mostraron reticentes a su aplicación, consiguiendo varias moratorias pontificias. Ahora bien, mientras que en la corona castellana no llegaron a existir inquisidores hasta la época de los Reyes Católicos, en Aragón sí que los encontramos desde el siglo XIV, aunque de forma esporádica y poco significativa.
Los conversos
Desde el siglo XIV las conversiones de judíos al cristianismo experimentaron un auge significativo, especialmente en el siglo XV. Las conversiones de miembros de las élites permitían que estos pudiesen integrarse a la perfección dentro de las élites cristianas. En este sentido, las leyes no interponían ningún tipo de obstáculo de sangre que impidiese a judíos y musulmanes convertidos poder llegar a ser miembros de la nobleza. Ahora bien, aunque a lo largo del siglo XV se dio una convivencia pacífica entre cristianos viejos y judíos, no ocurría entre los primeros y los conversos, por su pertenencia a familias acaudaladas. También en este punto debemos destacar que los conversos solían practicar su cultura tradicional, pero sin alejarse del cristianismo.
Por otro lado, la actividad judaizante, es decir, aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando de forma privada el judaísmo y aquellos que buscaban las conversiones de más fieles al judaísmo, era escasa. Sin embargo, personas influyentes en la Corte consideraban que su existencia era un peligro. La tensión entre ambos grupos se incrementó básicamente por dos motivos: la sensación de que la minoría conversa poseía una identidad diferente y que constituyesen un grupo poderoso.
La implantación definitiva
En la segunda mitad del siglo XV la guerra civil regresó a Castilla: Isabel la Católica y Juana la Beltraneja se enfrentaban por el trono. La primera contó con un amplio apoyo de la comunidad judía, en parte algo que se vio motivado por los problemas económicos que la futura reina tenía. Al finalizar la conflagración, los Reyes Católicos ascendieron al poder y a los dos años su política religiosa dio un vuelco al poner en marcha el primer tribunal inquisitorial.
Isabel y Fernando consideraban la unidad de fe el fundamento de la comunidad política. No pensemos que por ser fervientes católicos eran antijudíos o anticonversos, de hecho, hasta el final del reinado siempre trabajaron junto a consejeros conversos. ¿Qué motivó entonces la instauración del Santo Oficio? En 1477 comenzaron a llegar a los monarcas informes desde Sevilla que acusaban a la comunidad conversa, tachándoles de malos cristianos y de formar grupos sectarios que buscaban mantener su poder económico. Estas quejas no se extendieron a la comunidad judía, que todavía mantenía la protección personal de Isabel.
La situación era excepcional y los reyes temían que se propagase por toda Andalucía y se prolongase en el tiempo. Así, en 1478 solicitaron al papa Sixto IV que dotase a Castilla de un Tribunal Inquisitorial, concedido a través de la bula Exigit Sincerae Devotionis. A partir de ese momento los Reyes Católicos tenían el poder de nombrar tres clérigos expertos en el tema converso que desempeñarían el oficio de inquisidores en Sevilla. Mientras tanto, el Cardenal Mendoza y fray Hernando de Talavera realizarían las investigaciones necesarias para conocer la situación real del problema religioso. Todo esto constituyó el nacimiento de un nuevo tipo de Inquisición de carácter estatal; serían los reyes quienes harían de sostenedores del proyecto mediante delegación papal.
Los primeros pasos
En 1480, dos años después de su implantación, nadie pensaba expandir la Inquisición más allá de Andalucía, pues su misión era asegurar allí la ortodoxia; de hecho, durante los primeros cinco años se limitaron a las diócesis de Sevilla y Córdoba. En cualquier caso, no es hasta 1480 cuando se pone en movimiento la Inquisición con el tribunal establecido en el Castillo de San Jorge (Sevilla).
Los dos primeros inquisidores, Juan de San Martín y Miguel de Morillo, se pusieron manos a las obra inmediatamente después de ser nombrados. Detuvieron a centenares de conversos sospechosos de judaizar, algunos eran incluso personajes notables de la ciudad hispalense. Estas detenciones llegaron al extremo de que las cárceles del Convento de San Pablo se quedaron pequeñas. El primer auto de fe se celebró en febrero de 1481, saldándose con seis condenados a la hoguera.
Aún era temprano para que los conversos se alarmasen, aunque según el cronista Hernando del Pulgar muchos se fueron de Andalucía atemorizados. Sin embargo, pronto las persecuciones se fueron volviendo más habituales: pérdida de oficios y bienes, humillaciones públicas y ejecuciones provocaron una ola de pánico que se extendió por toda la ciudad. Probablemente el excesivo rigor de los inquisidores buscaba mostrar resultados tangibles a los reyes, pero se extralimitaron en sus funciones al no cumplir los preceptos canónicos que garantizaban la posibilidad de apelación con la que contaba el reo.
Torquemada entra en escena
Las protestas terminaron llegando a oídos de Sixto IV, ante las que el 29 de enero de 1482 censuró este excesivo rigor de las sentencias, así como las irregularidades procesales que se estaban cometiendo. Sin atreverse a destituir a los inquisidores prefirió revocar los poderes que concedía en la bula fundacional, desde ese momento sólo permitiría la actuación del tribunal si se sometían a la vigilancia de un obispo. Esto fue seguido por el nombramiento de otros siete inquisidores, entre los que aparece Torquemada, junto a un claro apoyo a los conversos.
La presión que los cristianos nuevos ejercieron sobre Roma provocó que a Sixto IV no le quedase más remedio que proclamar una nueva bula bajo la que el Santo Oficio sufriría grandes cambios: la herejía tendría derechos, al igual que los tenían los reos de otro tipo de delitos. Sin embargo, el pontífice no supo mantener su postura inicial al necesitar del apoyo de los Reyes Católicos para resolver los asuntos de la política italiana.
La solución definitiva llegó en octubre de 1483, momento en el que el papa designó al arzobispo de Sevilla, Iñigo Manrique, juez de apelaciones en nombre de la Santa Sede. De esta forma se conseguía mantener intacto el principio de apelación, aunque el hombre escogido fuese cercano a los monarcas.
¿Quién era Tomás Torquemada?
El fraile dominico había nacido en 1420, descendiente de conversos y sobrino de un famoso cardenal que se había mostrado defensor de estos. En ningún caso pensemos que era un completo desconocido cuando fue nombrado inquisidor en 1482. Había alcanzado el grado de bachiller en teología en el convento de San Pablo de Valladolid, donde inició su carrera eclesiástica. En su faceta personal nos es descrito por las crónicas como un hombre austero (según algunas fuentes nunca comía carne), de fuerte personalidad e integridad y con una gran capacidad administrativa, junto a una preocupación por la heterodoxia religiosa. Estas características fueron las que le capacitaron para el cargo de prior en el convento de Santa Cruz en Segovia en el año 1452. Allí permanecerá por 22 años, hasta que los Reyes Católicos lo nombraron su confesor privado, momento en el que tuvo que trasladarse a la Corte. De él se esperaba que no buscase el castigo a los conversos por sus desviaciones y consiguiese que se mantuviesen firmes en la doctrina de la Iglesia. Su carrera eclesiástica y su personalidad motivaron su nombramiento como Inquisidor General de ambas coronas en los años posteriores.
Torquemada: Inquisidor General
Es en 1483 cuando Tomás de Torquemada se convirtió en el primer Inquisidor General de la Corona de Castilla. En Aragón la situación era más complicada, pues Fernando, en un primer momento, se mostraba en desacuerdo con nombrar a Torquemada Inquisidor general en su reino. Al siguiente año, Torquemada conseguiría el cargo en Aragón tras un acuerdo entre el rey, el pontífice y los notables del reino. La aparición del inquisidor general centralizó la dirección del Santo Oficio en una sola persona que sería elegido por los monarcas. De esta forma, la Inquisición se convertía en un auténtico instrumento del aparato estatal.
Las Instrucciones Generales
La primera misión de Torquemada consistió en normalizar, regular y homogeneizar los procesos que llevaban a cabo los diferentes tribunales de ambos reinos. Durante el tiempo que ejerció consiguió acumular en su persona todo tipo de poderes y autorizaciones con los que pretendía llevar a cabo dicha tarea. En este sentido, por ejemplo, en 1486 el nuevo pontífice, Inocencio VIII, dictaminó que todos los inquisidores anteriores al nombramiento de Torquemada debía ser confirmados por éste; al siguiente año obtuvo se convirtió en juez de apelaciones.
Durante los años que ejerció, Torquemada desarrolló una intensa labor organizativa redactando Instrucciones Generales, nombrando inquisidores y creando nuevos tribunales. Bajo la misión de homogeneizar la forma de actuar de los diferentes tribunales se reunieron inquisidores y letrados en conclaves que servían para debatir sobre las resoluciones tomadas, plantear futuros problemas y sus soluciones o analizar los procedimientos. Las resoluciones adoptadas respecto a los puntos tratados en las juntas eran plasmadas por escrito en los capítulos, cada uno de diferentes temas, desde como anunciar el establecimiento de la Inquisición a la investidura de sambenitos a los condenados. Posteriormente, los capítulos eran recopilados en las Instrucciones, usadas de complementos a los repertorios jurídicos que existían, pero que eran inservibles en muchas cuestiones inquisitoriales.
Torquemada pretendía otorgar un cuerpo de leyes e instrucciones que permitiesen el correcto funcionamiento del Santo Oficio. Cuatro fueron las Instrucciones Generales implantadas durante su mandato. La primera (1484) es de especial importancia porque estableció que las decisiones debían ser tomadas de forma colegiada. Se abría el camino a la formación de un consejo especializado con carácter permanente. La segunda instrucción (1485) sirvió para establecer el fundamento económico del Tribunal. Hasta el momento la confiscación de bienes había concedido la Inquisición algunas riquezas, las suficientes para sustentar a la institución, pero a estas alturas era necesario obtener ingresos estables que mantuviesen el sistema administrativo. Lo consiguieron a través de canonicatos y prebendas en las catedrales. En definitiva, las instrucciones eran la piedra angular del naciente Santo Oficio. Facilitaban el trabajo de los tribunales y evitaban abusos de autoridad, es decir, pretendía impedir actuaciones como las cometidas por los primeros inquisidores en Sevilla.
El principio del fin
Ya hacia 1487 el Santo Oficio había alcanzado madurez y estabilidad, coincidiendo con el apogeo de Torquemada; si bien es cierto que a partir de este año su prestigio comenzará a decaer lentamente, acusado de rigor excesivo y mala administración. El poder que había ido acumulando a lo largo de los años comenzaba a incomodar a los propios monarcas, decidiendo solicitar a Inocencio VIII en 1488 que designase al obispo de Mallorca como juez de apelación en Aragón.
Los reyes golpearon una vez más la autoridad de Torquemada al solicitar la formación de un consejo permanente, era la culminación de la asamblea creada con la primera instrucción. Esta nueva junta recibió el nombre de Consejo de los bienes e causas tocantes a la Santa Inquisición (posteriormente: Consejo de la Suprema y General Inquisición). Su nacimiento lo situamos en el contexto de las reformas emprendidas por los Reyes Católicos para ejercer su poder a través del sistema polisinodial. El consejo servía para coordinar las acciones que desarrollaban los tribunales, buscando su control ya que hasta el momento eran independientes en sus resoluciones. A lo largo de la década de 1490 los reyes continuaron esta política reductora de autoridad de Torquemada. Motivados por el aumento del descrédito que sufría la Inquisición española en la Santa Sede; una vez más, debido a unas críticas que hablaban de rigor excesivo en Torquemada.
La expulsión de los judíos
Probablemente el acontecimiento de mayor importancia del mandato de Torquemada sea la expulsión de los judíos en 1492. Torquemada, como inquisidor general, tomó parte y fue uno de los instigadores, especialmente después de que un grupo de conversos y judíos confesasen haber crucificado a un niño cristiano (Santo Niño de la Guardia, 1490). Parece que los Reyes Católicos concedieron carta blanca a Torquemada y que éste esgrimió:
«que de la inquisición que estos reynos e en ese obispado se a fecho e face a parecido y consta (…) el gran danyo que a los christianos se les ha seguido de la participación, conversación e comunicación que han tenido con los judíos (…), se prueba que han procurado con diversas vías, formas e maneras (…) subgaer de nuestra Sancta Fe Católica y apartar della y traer y pervertir a su dañada creencia y opinión»
Así, el 20 de marzo de 1492 envió una carta a los Reyes Católicos que serviría como base para la posterior redacción de los Edictos de Expulsión en ambos reinos, que serían rubricados once días después de la propuesta del inquisidor. La expulsión necesitó la aprobación regia porque el Santo Oficio sólo tenía jurisdicción sobre católicos y conversos, no sobre la población de otra religión.
El Edicto de Expulsión daba a los judíos tres meses para recibir el bautismo o abandonar las tierras castellanas y aragonesas. Se ponía solución de esta forma al problema judío. Desde ese momento, a excepción de la minoría musulmana, toda la sociedad quedaba definitivamente bajo la vigilancia de los inquisidores, con especial ojo sobre los judeoconversos.
Los momentos finales
Durante el tiempo que Torquemada dirigió la Inquisición se extendió la institución por todo el territorio. Gran parte de los tribunales que pervivieron en España a lo largo de la existencia del Santo Oficio fueron obra de su primer Inquisidor general: Llerena, Toledo, Segovia, Guadalupe, Valladolid, Burgos, etc. Parece que desde 1493 comenzó a delegar en los miembros del Consejo, aunque siguió participando en algunas cuestiones. Los Reyes Católicos en lugar de nombrar nuevos inquisidores adjuntos a Torquemada, prefirieron solicitarse al papa Alejandro VI, designado este a cuatro clérigos. Los ataques que recibió el inquisidor por parte de la propia Iglesia, unido a las complicaciones derivadas de la expulsión de los judíos terminaron por gastar las mermadas fuerzas de Torquemada. En 1496 decidió retirarse al monasterio de Santo Tomás de Ávila, donde falleció dos años después.
El poder que Torquemada acumuló en sus manos es un factor clave para entender la leyenda que habla de un excesivo rigor y crueldad. Una leyenda seguramente alimentada por aquellos que se hallaban en su contra, pues la documentación no permite confirmarla. Durante la época que dirigió la Inquisición la represión por motivos religiosos no fue exclusiva en España, sino que estaba extendida por toda Europa y era un deber primordial del Estado. En este contexto, Torquemada siempre trató de cumplir con lo que consideraba su deber. Aunque no contamos con suficiente datos, todo parece indicar que durante su mandato las sentencias experimentaron un importante descenso en relación a lo acontecido en los primeros años. Parece que no se recurrió a la tortura y fue habitual la reconciliación de los acusados con la fe cristiana mediante penas pecuniarias o la quema de efigies que representaban al reo.
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