El mayor saqueo de la historia de Vizcaya (primavera de 1937)

En los meses de mayo y junio de 1937, cuando la Guerra Civil se acercaba a su final en el País Vasco, Vizcaya sufrió el mayor saqueo de toda su historia. Es muy significativo que un hecho de tanta importancia no sea tratado, salvo raras excepciones, en las publicaciones sobre la historia de Vizcaya durante la Guerra Civil o la gestión del gobierno provisional del País Vasco.

La gran confiscación que se produjo en la primavera de 1937 tuvo precedentes que cabe recordar.

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Un mes antes de la formación del gobierno provisional del País Vasco, gentes del PNV, ordenadas por Ajuriaguerra, presidente del partido en Vizcaya, se presentaron la noche del 5 de septiembre en la sede del Banco de España en Bilbao y se apoderaron de todo el oro que había (llegado un poco antes del comienzo de la guerra), con la autorización del peneuvista Heliodoro de la Torre, quien sería pronto el consejero de Hacienda del gobierno provisional del País Vasco y que entonces presidía el departamento de Finanzas Junta de Defensa de Vizcaya, creada el 12 de agosto. La cantidad aprehendida fue estimada en 3.124.494 pesetas de la época (para valorar esa cifra, cabe recordar que doblaba el cupo que pagaba en aquel momento Álava y que era mayor que el que pagó Guipúzcoa en 1937, dos millones y medio de pesetas). Para entender semejante comportamiento, hay que recordar que José Antonio de Aguirre y Lecube había confesado en el discurso del Aberri Eguna de 1933 que el PNV era el gobierno provisional del País Vasco: “Hoy podemos decir que el Gobierno provisional de nuestra patria es el Partido Nacionalista Vasco, que viene preparándose ya para las funciones de gobierno y para asumir, en un momento dado, la soberanía del pueblo”. El objetivo de la apropiación indebida era conseguir medios de pago para conseguir armas para las milicias del PNV, que se estaban formando y que no combatieron a los rebeldes hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía vasco, el 1 de octubre. La operación gozó de completa impunidad. Pudo incluir en esa circunstancia que antes se había producido por parte de la frentepopulista Junta de Defensa de Guipúzcoa “el expolio total de acciones, monedas, billetes, joyas y acciones de los bancos, cajas fuertes y sucursal del Banco de España, es decir toda la riqueza financiera de Guipúzcoa fue de 801 millones de pesetas de la época” (Carlos Olazabal, 4 de enero de 1937: ¿El Gernika del PNV?, Fundación Popular de Estudios Vascos, Bilbao, 2021, p. 339, n. 592), una cantidad equivalente a casi 1.900 millones de euros de hoy.

La actualidad justifica la siguiente digresión. Cuando los enviados del PNV se encontraban en Francia comprando armas, se cuenta que dicho partido en su cuenta del Banco de Bilbao en París recibió el 12 de septiembre un ingreso de 65.000 dólares, casi medio millón de pesetas, de un simpatizante mejicano, Rafael Belausteguigoitia Landaluce (el ingreso se habría hecho a nombre de Heliodoro de la Torre, tesorero entonces del PNV). Se cuenta también que ese dinero habría sido utilizado por el PNV el 9 de octubre de 1937 para comprar mediante un testaferro, Marino de Gamboa, que veremos después implicado en otro asunto turbio (el tesoro del Vita), y una empresa pantalla el palacete situado en el número 11 de la Avenida Marceau de París para sede del gobierno vasco por 1.460.000 francos. No se trata sólo de dimes y diretes de nacionalistas, que se contradicen con otros dimes y diretes anteriores (v. los ocho artículos publicados por Pedro José Chacón en La Tribuna del País Vasco entre el 25 de enero y el 24 de febrero de este año). Y es que no se ha aportado prueba documental de la donación; simplemente se ha afirmado que existe, aunque sin adjuntar una fotocopia: “Es en el fondo documental de la familia Belausteguigoitia-Arocena, conservado en el Archivo de la Universidad Iberoamericana-Laguna en México, donde se encuentra la confirmaci6n documental de del envío de fondos al tesorero del PNV Heliodoro de la Torre Larrinaga. En concreto, se trata de una comunicación remitida por la casa matriz del Banco Nacional de México, de fecha 25 de noviembre de 1936, dirigida a Elvira Arocena de Belausteguigoitia (es decir, la esposa de Francisco) en la que se le remite la confirmación que dicho banco ha recibido de la correcta recepci6n en la sucursal del Banco de Bilbao en Paris de «la orden cablegráfica que transmitimos con fecha 12 de septiembre próximo pasado [1936] a favor del Sr. Heliodoro Torre Larrinaga, por dólares 65.000,00 de conformidad con sus estimables instrucciones», incluyendo seguidamente transcripción literal de la confirmaci6n de la recepción del monto de parte del Banco de Bilbao” (Informe del 7 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Memoria Democrática, pp. 6-7). Y, desde luego, resulta inverosímil que con todas las necesidades que hubo y, sobre todo, que tras mover una cantidad equivalente a más de quince mil millones de euros de hoy (como comprobaremos enseguida), el PNV, que manejaba a su antojo el gobierno provisional del País Vasco (y controlaba completamente sus finanzas), no tocara esos 65.000 dólares caídos de Méjico Y más cuando en algunos de los muchos dimes y diretes se había contado que se pensaba contactar con Belausteguigoitia para comprar armas en septiembre de 1936. En estas condiciones, no es extraño que hasta ahora la justicia francesa (tres veces) y la española (Tribunal Supremo en 2003) hubieran rechazado hasta ahora las pretensiones del PNV. Sin embargo, la secretaría de Memoria Democrática, demostrando que es otra cosa muy diferente, ha aceptado pulpos por anímales de compañía en el informe que ha evacuado para que el gobierno de Sánchez pueda justificar la entrega de un edificio valorado en 18 millones al PNV para asegurarse su apoyo (además de una propina, por ahora indeterminada, en compensación por otros dos edificios franceses, sin justificación alguna, lo que es más escandaloso aun; v. Pedro J. Chacón, “Los otros dos edificios en Francia además del palacete, La Tribuna del País Vasco, 6/02/2025, https://latribunadelpaisvasco.com/art/21564/los-otros-dos-edificios-en-francia-ademas-del-palacete). No es mal negocio asegurarse con lo que no es tuyo los ingresos de decenas de miles personas.

Luego, el 16 de octubre, antes de que se cumplieran diez días de la constitución del gobierno vasco, se produjo la incautación del oro y las divisas depositados en los bancos. El tres de noviembre un decreto, que completaba medidas anteriores y desarrollaba legislación del gobierno republicano, ordenaba la confiscación de todos los bienes de los que hubieran intervenido o colaborado en la sublevación. Sucedió que el criterio utilizado para las acusaciones fue muy amplio: “Tenemos conocimiento de un total de 1.373 acusaciones por las cuales se les abrió expediente a un número inferior de personas, ya que algunas de ellas fueron acusadas de varias filiaciones o actuaciones. En concreto, sirvieron de acusación o agravante las siguientes filiaciones: pertenecer o haber sido de Acción Popular (1,67%), la CEDA (1,89%), la Falange (1,74%), los partidos monárquicos (63,49%) (alfonsinos o carlistas) y la Unión Vascongada (1,45%). También se consideraban agravantes haber tenido algún cargo durante la Dictadura de Primo de Rivera (6,99%), haber participado en la represión de la Revolución de Octubre de 1934 (4,44%) o haber apoyado la candidatura contrarrevolucionaria durante las elecciones de febrero de 1936 (14,63%)” (Lorenzo Sebastián García, “La represión económica bajo el primer Gobierno Vasco: La Junta Calificadora Central”, Vasconia, 29, 1999 p. 177; el autor, en la p. 182, considera que hubo “una cierta moderación en la aplicación de estas normas, lo que se corresponde con la ideología del PNV, partido dominante en el Gobierno Vasco”). Se desconoce la cantidad de lo incautado y el monto de las multas que se impusieron.

A principios de 1937, cuando el frente vizcaino estaba en paz, empezaron los envíos de oro al extranjero por la consejería de Hacienda para su venta o depósito: “El primer envío fue remitido al puerto galés de Cardiff el 28 de enero de 1937 en el mercante británico Fullerton Rose y lo formaban veintiún sacos repartidos en ocho cajas precintadas, cuyo valor alcanzaba 2.429.339,23 pesetas. El 27 de febrero fue remitido también a Cardiff en el mercante británico Marclyn el segundo envío de oro por valor de 1.331.970,28 pesetas” (José Manuel Azcona Pastor y Julen Lezamiz Lugarezaresti, “Patrimonio incautado por el Gobierno vasco durante la Guerra Civil”. Ayer, 110, 2018, p. 270).

Finalmente, en mayo de 1937, el gobierno vasco se apoderó de todos los bienes que quedaban en los bancos. La consejería de Hacienda justificó así la confiscación en un oficio del 3 de mayo enviado a las entidades financieras:

“El Gobierno de Euzkadi, consciente de su responsabilidad y aleccionado por la destrucción de la villa de Gernika [26 de abril], ha considerado la posibilidad de que la horrible agresión fuera tan solo un ensayo para otro de mayor envergadura dirigido contra Bilbao.

En consecuencia, ha tomado el acuerdo de que se ponga a salvo la riqueza de Euzkadi concentrada en nuestro pueblo y muy principalmente la recogida y depositada en los establecimientos bancarios”.

Los bancos se opusieron alegando que la seguridad de títulos, valores y otros bienes estaba garantizada en las instalaciones subterráneas de las cajas fuertes, poniendo como ejemplo lo sucedido en el edificio central de la Caja de Ahorros Municipal, cuyas arcas se habían salvado pese a la destrucción provocada por un bombardeo. De nada sirvió. El Gobierno se apoderó de toda la riqueza que había en las entidades financieras.

Y procedió a enviar el botín al extranjero con unos procedimientos propios de malhechores, mientras se animaba a la población a resistir y se aseguraba que la defensa de Bilbao estaba garantizada por el Cinturón de Hierro. En la noche del 20 al 21 de mayo, cuando quedaban tres semanas para que el enemigo llegara al Cinturón de Hierro, se procedió a embarcar 7.293 cajas, con todos los valores mobiliarios, acciones y obligaciones de todo tipo de empresas y patrimonio artístico incautado (18 cajas), en el Joyce Llewelyn. El barco salió a las seis de la madrugada con destino al Levante español. Lo hizo a esa hora para acompañar al Habana, que transportaba cuatro mil niños con destino a Southampton, para poder ser escoltado por la armada británica y eludir el bloqueo de la flota rebelde. Salvado el peligro, el barco se convirtió en el Seabank y se dirigió al puerto francés de La Pallice en La Rochela.

El 11 de junio, cuando el enemigo llegaba al Cinturón de Hierro, se embarcaban 2.065 cajas en el Thurston. Al día siguiente, cuando el Cinturón de Hierro fue atravesado con facilidad, el mercante británico salía de Bilbao. Y el 13 llegaba a La Pallice. Tres días después, sus cajas fueron transbordadas al Seabank, que permanecía allí.

También el 12 de junio, la consejería de Hacienda sacaba de la cámara acorazada del Banco de Comercio las joyas incautadas en mayo, que pesaban unos 800 kilos, y las embarcaba, con una cantidad indeterminada de dinero y otros bienes, en el mercante británico Thorpehall. En la madrugada del día siguiente el barco partió para La Pallice. Cuando el capitán del barco comprobó que las autoridades francesas embargaban el Seabank a requerimiento del gobierno de Franco, el Thorpehall partió el 27 de junio hacia el puerto holandés de Flesinga con la ayuda de un destructor británico, que le escoltó hasta la salida del puerto.

“El valor de lo requisado e inventariado alcanzó la cifra de 6.498 millones de pesetas de la época, y su valor en francos franceses será los 13.467 millones” (Carlos Olazabal, op. cit. p. 353). J. M. Azcona y J. Lezamiz han calculado que esos 6.498 millones de pesetas equivalen a 8.894.729.652,735 euros de 1999 (op. cit., p. 281, n. 36), cifra que hay aumentar un 71,86, dada la inflación acumulada desde esa época, lo que nos da 15.286.482.381,19 euros de hoy, una cantidad que casi equivale al presupuesto para 2025 de la Comunidad Autónoma del País Vasco (15.728 millones de euros). Hay que añadir que esa cantidad no incluye “el resto del patrimonio artístico cultural del Seabank, ni del Thurston, ni el patrimonio transportado a Holanda en el Thorpehall, ni los depósitos de oro llevados a Inglaterra en el Fullerton Rose y en el Marclyn” (Carlos Olazabal, op. cit., p. 281, n. 38). Para valorar mejor esa cantidad, cabe hacer unas comparaciones: era una suma que casi doblaba el presupuesto del Estado español en 1935 (cinco mil millones); habría permitido pagar el cupo de Vizcaya durante 317 años; fue diez veces más de lo que el gobierno vasco se gastó en nueve meses de guerra; y es casi tanto como lo que gastó Franco en toda la contienda, 11.700 millones (José Ángel Sánchez Asiaín, La financiación de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2014, ed. de Kindle, p. 498). Entre los expolios de la España republicana durante la Guerra Civil, el realizado por el gobierno vasco sólo es superado por el oro de Moscú del que sí se ha escrito, y mucho. Pero el envío de 510 toneladas de oro a Rusia tenía como objetivo ganar la guerra.

El expolio del gobierno vasco no se limitó a dineros, valores y joyas, ni a los bancos. Afectó también a instituciones públicas, Iglesia, museos y particulares. E incluyó objetos litúrgicos, libros, mapas, documentos, antigüedades, esculturas y pinturas, en fin, todo aquello que pudiera tener cierto valor.

El despojo de los museos de arte de Bilbao merece algunas palabras porque, excepcionalmente, ha sido tratado en un libro monográfico. Del Museo de Arte Moderno, sólo “quedaron unos quince o veinte cuadros, los de menos valor” (“Bilbao saqueado: Los «hombres que defienden la cultura contra la barbarie» desvalijaron nuestro Museo de Arte Moderno”, El Correo Español-El Pueblo Vasco, 11 de julio de 1937, cit. por Francisco Javier Muñoz, El museo ausente: La evacuación del Museo de Arte Moderno de Bilbao a Francia durante la Guerra Civil, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2017,p. 64). El de Bellas Artes, uno de los más valiosos de España, sufrió cuantitativamente menos despojo, pero fue mucho más importante. Del valor de lo sustraído da cuenta el que incluye obras de El Greco, Velázquez, Ribera, Zurbarán, Murillo, Luis de Morales, Carreño Miranda, Goya, Bronzino, Correggio, Van Dyck, Claudio de Lorena, Felipe de Campaña, Snyders, Lucas Jordán, Picasso, Gauguin, Cézanne, Sorolla, Zuloaga, Regoyos, Vázquez Díaz, Romero de Torres, Solana, Nonell, Rusiñol y Arteta. El expolio incluyó obras de arte de particulares, que a veces no se enteraron, como sucedió con Rodrigo de Adán de Yarza, cuya colección contenía tres retratos de Goya, que el pintor había hecho para la familia(F.J. Muñoz, op. cit., p. 64).

Aguirre lo contó, en 1956, a su manera:

“Se cuidó del patrimonio artístico en forma tal, que a pesar de tantas vicisitudes, traslados y peligros de destrucción, el País disfruta hoy incólume de la riqueza artística que fue puesta bajo los cuidados del Departamento de Cultura de Euzkadi. Se salió al extranjero [algunas obras lo hicieron para formar parte de exposiciones, por razones de propaganda], retornando en buena parte, casi en su totalidad. Díganlo si no las colecciones particulares recobradas por sus dueños, lo mismo que el tesoro artístico de carácter público” (“Veinte años de gestión del Gobierno Vasco”, Obras Completas, Sendoa, San Sebastián, 1981, 2 vols. II, p. 944).

Al parecer, consideró innecesario hacer la precisión de que ese retorno se hizo contra su voluntad, pues el Gobierno Provisional pleiteó para que no sucediera. También, en su diario, anotó: “Jamás podríamos haber pensado en resistir tanto tiempo, habiendo salido de Euzkadi, sin dinero, sin ropa, sin esperanza en ninguna clase de recursos, sólo confiados en que algún día venceremos” (Diario de Aguirre: Edición a cargo de Iñaki Egaña. Txalaparta, Tafalla, 1998, 10 de febrero de 1942, p. 232).

Asimismo resulta muy significativo que el expolio afectara a los bienes de la Iglesia, como si se temiera la profanación de un enemigo pagano (antaño, cuando llegaban los bárbaros, bastaba con enterrar los tesoros de las iglesias; gracias a ello, hay espléndidas piezas en los museos). Hasta las joyas de la Virgen de Begoña fueron enviadas al extranjero, en este caso por avión y con el permiso del párroco nacionalista, que también se exilió. Aguirre lo contó así:

“En el curso de la conversación [con monseñor Antoniutti], el Enviado Apostólico se permitió afirmar que la corona de la Virgen de Begoña, el famoso santuario de Bizkaya, había sido robada por nosotros. Lo afirmó con la mayor naturalidad y, ¿cómo iba a pensar de diferente manera si así se lo habían asegurado personas serias españolas? Se hallaba presente precisamente el párroco de dicho Santuario, quien le replicó con toda dignidad: «Perdóneme que rectifique y proteste de esta información. Yo soy el párroco que entregó esa corona a nuestras autoridades, y en mi poder obra el documento notarial que así lo acredita. Y está depositada en un Banco francés». Pero ¿no le parece que si hasta éramos tildados de ladrones, a pesar de haber preservado valores y joyas de nuestros mismos adversarios que hoy las están disfrutando, mal podíamos pretender ser creídos? Pero el tiempo es nuestro aliado. Todos estos episodios no son doctrina sino historia, y un día llegará –ya está llegando, en que el mundo se dará cuenta de que fue víctima de una de las más lamentables confusiones de la Historia. El eclesiástico americano prefirió desviar nuestra conversación hacia otros temas” (De Guernica a Nueva York,Ekin, Buenos Aires, 1943, p. 348, el subrayado es mío).

Y no se expolió más porque no se pudo. Aunque, en este menester se operó con una eficacia que no se vio en otros frentes.

La confiscación no fue realizada para comprar armas ni alimentos para la población. Eso es suficiente para justificar los calificativos empleados de “saqueo” y “expolio”. Además, la incautación no se hizo solamente sobre los bienes públicos de los que el gobierno era el administrador, como, por ejemplo, sucedió con el oro de Moscú (y el de París). La mayor parte del botín fue propiedad privada. Es un elemento de juicio que hay que tener en cuenta cuando se habla del oasis de Vizcaya, también porque no se produjeron colectivizaciones. Aquí el gran incautador fue el gobierno vasco, que también confiscó muchos edificios para órganos de gobierno, cuarteles, cárceles y depósitos.

Cabe añadir que incluso el PNV, que se confundía con el gobierno provisional del País Vasco, intentó apoderarse del Vita, que había partido con destino falso de El Havre un mes antes del final de la Guerra Civil con un botín de trescientos o cuatrocientos millones dólares (en 1939 un dólar valía ya 9,50 pesetas). El pretexto fue el golpe de Estado del coronel Casado (5 de marzo de 1939), quien constituyó una Junta de Defensa, que presidió, y la huida de España de Negrín y su gobierno (6 de marzo), que se sumaba a la dimisión de Azaña como presidente de la república (27 de febrero); se quiso entender que Negrín y Méndez Aspe, ministro de Hacienda, dejaban de ser los depositarios legales de los fondos que custodiaban fuera de España (también lo entendió así Prieto, que, enfrentado con Negrín, terminó apoderándose del tesoro del Vita), por lo que podía asumirse “la asunción del control de dichos recursos para conseguir recursos para conseguir, desde una posición de fuerza, no solo la recuperación de lo que consideraban les había sido arrebatado por el gobierno republicano, sino también su control”. El PNV alegaba que el gobierno republicano tenía una deuda con el vasco y que debía sufragar los gastos de los refugiados vascos (lo cierto es que el gobierno republicano había hecho un préstamo de 550 millones de pesetas al vasco que, evidentemente, no se había devuelto, y que después de la conquista de Vizcaya siguió entregando dinero). La ocasión la proporcionaban los vascos que participaban en la empresa. En primer lugar, Marino de Gamboa, que, en otro de sus negocios turbios, había comprado el yate para el gobierno de la República mediante una empresa-pantalla en 1938. Gamboa era un filipino con nacionalidad estadounidense que simpatizaba con el PNV, con el que también hacía negocios. El dirigente nacionalista Irujo, que había sido ministro de justicia del gobierno republicano, “consideraba que Gamboa debía obedecer las indicaciones del gobierno vasco por cuanto sus negocios en Londres habían sido sufragados en gran medida por ellos, llegando a indicar que «el Vita, en su nombre actual, con todo su contenido, debe ponerse sin pérdida de tiempo a disposición directa e inmediata del Gobierno Vasco, tomando posesión tú como Ministro de Hacienda. Creo que la primera medida que debes adoptar, una vez en posesión del Vita, es extraer del mismo cuanto sea capaz de ser guardado en otra parte. Lo del Vita lo sabe ya demasiada gente»” (carta a Heliodoro de la Torre del 6 de marzo de 1939). Gamboa comunicó al PNV que el destino del Vita noera Panamá sino Veracruz y que su llegada estaba prevista para el 25 de marzo. La otra baza era el capitán del barco, José Ordorica, militante del PNV. A éste, Doroteo de Ciaurriz, presidente del PNV, envió un cablegrama el 24 de marzo en el que en el que indicaba que “altos intereses vascos exigen Euzkadi Buru Batzar tomar acuerdo ordenar a usted como patriota que vapor a su cargo no entre puerto alguno sin orden Partido Nacionalista que actúa acuerdo Gobierno Vasco; salga alta mar radiándonos euzkera posición constante a Ziaurriz, 11 Avenue Marceau, París; Gamboa confirma estas órdenes; tome precauciones para imposibilitar acción representantes Negrín a bordo; apelamos patriotismo tripulación vasca entera; vía Londres confirmamos este radio; acúsenos recibo este radiograma”. El mensaje llegó cuando el barco había atracado en Méjico. Además, la nave estaba bien custodiada por una escolta armada y la tripulación había sido cambiada antes de la partida y no dependía de Gamboa. El plan nunca tuvo posibilidades de éxito (v. Glòria Munilla Cabrillana y Francesc Gracia Alonso, El Tesoro del “Vita”: La protección y el expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil, Universidad de Barcelona, 2017, cap. “El intento del gobierno vasco de hacerse con el «Vita»”).

El expolio se justificó como una medida para “evitar que los rebeldes adquirieran medios económicos para prolongar su insurrección” (José Manuel Azcona Pastor y Julen Lezamiz Lugarezaresti, op. cit., p. 283). Efectivamente, el dinero es el nervio de la guerra, como se sabía ya en la Antigüedad. Pero esa excusa se compadece mal con la (enésima) desobediencia de la destrucción de la industria de la ría de Bilbao ordenada por el gobierno republicano. Es más: el PNV protegió con varios de sus batallones instalaciones industriales y edificios, como la Universidad de Deusto, en la que ya se habían practicado orificios para las cargas explosivas, para evitar la destrucción que pretendieron milicianos frentepopulistas (en esa operación el PNV perdió casi la mitad de sus batallones y prácticamente toda la policía que esperaron en formación al enemigo). Y lo cierto es que esa industria fue muy muy importante para el triunfo de los rebeldes (por cierto, multiplicó por diez e incluso veinte la producción lograda durante la gestión del gobierno vasco; por ejemplo: el lingote de hierro pasó de 9.743 toneladas durante el primer semestre de 1937 a 97.058 toneladas en el segundo y a 292.103 durante todo el año siguiente). A todo ello hay que añadir que el PNV ya estaba negociando la rendición de sus batallones con los italianos, lo que se produciría a finales de agosto, porque hubo que esperar a que se iniciara la ofensiva sobre Cantabria para encubrir la traición [he tratado la cuestión en Aguirre: Apuntes sobre un nacionalista: Primera Parte: Osadía y prudencia / La coyuntura, Pompaelo, Pamplona, 2023, pp. 113-390).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que José Antonio de Aguirre llegó a considerarse un Moisés que dirigía a su pueblo por el desierto, y para eso necesitaba un maná. Así tras haber fomentado la emigración de la población, cuando abandonaba definitivamente Vizcaya, en el manifiesto de Trucios (30 de junio de 1937), declaró: “mi pueblo emigrado tropieza con el mar, encontrándose con un doble peligro”. El problema no era únicamente que el mar no se abriera, sino que, además, el maná había sido ya embargado por las autoridades francesas. Sabemos que por el mismo tiempo, nada más abandonar Bilbao, Aguirre había expresado a un diplomático británico que “«el Gobierno Vasco está como mínimo esperando un ofrecimiento de un hogar a los vascos en una de nuestras colonias». Esta idea refleja el quijotismo de Aguirre y fue considerada absurda por la diplomacia del Reino Unido, para la que el problema vasco tenía escasa trascendencia” (Ludger Mees, José Luis de la Granja, Santiago de Pablo y José Antonio Rodríguez Ranz, La política como pasión: El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960). Tecnos, Madrid, 2014, p. 382; los autores señalan en la nota correspondiente que “se trata con seguridad de una referencia al «hogar nacional judío» prometido por el Gobierno británico en la Declaración de Balfour de 1917”).

Sin embargo, también faltaría el maná acumulado. Los bancos expoliados, para recuperar sus bienes, se pusieron en contacto con las autoridades rebeldes. El gobierno de Franco reclamó al gobierno francés. El 22 de junio, la delegación del gobierno vasco ordenó el transbordo de las 9.358 cajas que tenía entonces el Seabank al Axpe Mendi, completamente controlado por ese gobierno. Pero el día 25, cuando se realizaba el transbordo, las autoridades francesas ordenaron el atraque de los barcos en el puerto y la confiscación de su carga mientras se tramitaba la reclamación sobre su propiedad interpuesta por algunas personas particulares, diferentes entidades bancarias y empresas afines al Gobierno franquista ante el Tribunal Civil de La Rochela. Fue entonces, cuando viendo lo sucedido, el Thorpehall abandonó, dos días después, el puerto y se dirigió Holanda.

Ya en julio, en julio de 1937, las entidades bancarias solicitaron al Tribunal Civil de La Rochela el embargo de las cajas del Seabank y del Axpe Mendi, lo que les fue concedido pese a la oposición de los capitanes de ambos mercantes. Entonces, el gobierno vasco apeló al Tribunal de Apelación de Poitiers con el apoyo del gobierno republicano, que legitima la incautación y ya está pensando en quedarse con una parte. Pero el tribunal desestimó la apelación y decretó que las cajas desembarcadas se custodiaran en el almacén del puerto de La Pallice mientras dure el pleito.

En 1938, surgieron disputas entre los gobiernos vasco y republicano por la estrategia a seguir y por el lugar a donde deberían mandarse las cajas en caso de ganar el pleito. El gobierno republicano ofreció tres destinos (Barcelona, la Unión Soviética y Méjico), pero el vasco no aceptó que los bienes salieran de Francia. En verano, cuando aún no había sido cazado el oso, se planteó el reparto de la piel.

Finalmente, con el gobierno republicano ya en fuera de juego, el Tribunal Civil de La Rochela falló el 21 de junio en contra del gobierno vasco, que también perdió, el 12 de julio, el recurso que puso ante el Tribunal de Apelación de Poitiers. En La Pallice, entre el 20 de julio y el 12 de agosto de 1939, fueron cargadas en 9.172 cajas en el Monte Albertia, nuevo nombre del Axpe Mendi, cuyo destino final era Bilbao.

La historia se repitió con otros botines. El del Thorpehall que, como acabamos de ver, consiguió escapar de La Pallice para evitar el embargo de las autoridades francesas no tuvo mejor suerte en Holanda, a pesar de no existir ningún tratado entre este país y España. Eso simplemente retrasó la sentencia hasta 1940, cuando el Tribunal de Midelburgo falló en favor la parte demandante, compuesta en su mayoría por particulares que eran propietarios de las joyas incautadas y que ya habían sido embargadas con una sentencia previa confirmada por el Tribunal de Apelación de La Haya. Las joyas regresaron en un camión que ingresó en España por Irún.

En el Reino Unido, ya se reconoció en junio de 1937 al Banco de Bilbao, en cuya sede londinense se había ingresado el oro enviado en los primeros meses del año a Inglaterra, el derecho de dirigir sus intereses en Gran Bretaña sin el control del gobierno vasco. Finalmente, en marzo de 1939 se reconoció al gobierno de Franco el acceso a los fondos que tanto el gobierno republicano como el vasco mantenían en el Reino Unido.

Ahora bien, hay razones para suponer que no regresaron a España todos los bienes incautados. No todos salieron en los barcos mencionados, como hemos comprobado en el caso del tesoro de la Virgen de Begoña. Las circunstancias en que se hizo un traslado tan rápido, que no permitían el inventario detallado de lo que contenía cada caja ofrecieron posibilidades para que se quedara algo entre los dientes (por no hablar de las que ofrecieron el proceso de incautación). Lo que sabemos es que las 7.293 cajas del Joyce Llewelyn se convirtieron finalmente en 7.119, 174 menos, lo que se atribuyó a un error de contabilidad. Por otra parte, no hay motivos para pensar que los dirigentes y sus séquitos se marcharan únicamente con su propio dinero de bolsillo (el gobierno vasco siguió funcionando y gastando en Cantabria y después; y sabemos que hubo los que se fueron al exilio con un dinero que antes no tenían). Al final, sólo quedaron en Vizcaya las pesetas de Euskadi.

Finalmente, cabe recordar que Aguirre ofreció otra versión de lo sucedido en una conferencia en la que comenzó diciendo “yo soy un hombre claro y que creo es siempre menester decir la verdad”:

“El Gobierno vasco se incautó de todos los valores de los Bancos vascos, porque no tenía deseos de ninguna clase de que el General Franco al entrar en nuestro territorio se apoderase de ellos, y los llevó a Francia en ocho mil y algunas más cajas, en un barco de una Compañía de Bilbao [hasta ese detalle es falso].

Llegaron los valores a Francia, íntegramente clasificados y ordenados. Inmediatamente después se produjo una reclamación por parte de la Administración del general Franco, quien aún no era Gobierno reconocido por Francia, ya que me refiero a hechos de junio de 1937. Pero la debilidad del Gobierno francés y la escandalosa propaganda, consiguieron que se decretase el embargo de los valores, cuya custodia costó en Francia más de cuatro millones de francos.

¿Cómo se incautó el Gobierno vasco? Con escrupulosa minuciosidad con instrumentos públicos extendidos auténticamente, ante notario, para que todos, amigos y adversarios [a éstos ya se les había confiscado los bienes] quedaran protegidos y que todos supieran dónde estaban y a quién correspondían esos valores. ¿Cuáles eran nuestros deseos? Muy distintos de lo que supuso el Gobierno francés: deseábamos que, una vez terminada la guerra, fuera entregado a su respectivo dueño lo que notarialmente constaba como suyo, sin perjuicio de aplicar la sanción legal correspondiente a los culpables de delito, de acuerdo con los fallos de los Tribunales de Justicia. […] Ascendía el montante de los valores a unos nueve mil millones de pesetas buenas, no de las actuales, y de las cuales correspondían más de mil quinientos millones en propiedad a las personas entonces exiliadas.

Pues bien; con incomprensible debilidad, infringiendo el propio pacto [?], aquel barco con todos sus valores fue enviado por el Gobierno francés a manos del general Franco, lo que correspondía a los que habitaban bajo su dominio y lo que correspondía a los exiliados que estaban sufriendo, y de cuyos bienes, en su inmensa mayoría se ha incautado el Gobierno español despojando a sus legítimos propietarios. Es decir, que el famoso «tesoro» cuyo robo se nos atribuyó, faltando a las normas más elementales de humanidad y de decencia, resulta a fin de cuentas un desleal y vergonzoso expolio de los «ladrones». […]

Las joyas fueron a Holanda. Las autoridades holandesas comprendieron que la posición del Gobierno vasco era perfecta y razonable. […]

Aquellas joyas, que constituían una verdadera fortuna por la cantidad y por su calidad, fueron clasificadas, ordenadas y anotadas en acta notarial individual que cada propietario llevaba consigo, con la discriminación y pertenencia exacta de cada joya” (“Mis impresiones sobre Alemania: Conferencia pronunciada en el Ateneo de Montevideo el 10 de septiembre de 1942”, Obras Completas, II, pp. 112-113).