El gobierno de los militares en Uruguay se extendió desde el año 1973, en que se produce un golpe de estado, hasta el año 1985. A diferencia de otros países como Chile, Argentina o Brasil no fueron los militares los únicos que detentaron el poder.
La presidencia de la república quedó en manos de gente como Juan María Bordaberry, de carácter civil. Esto hace de la situación uruguaya un caso único. Así pues, hubo un poder civil, la presidencia de la república, que de facto estaba controlada por las juntas militares y un poder militar.
La dictadura se produjo durante la Guerra Fría, que fue la disputa por la imposición de un modelo económico y social entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Hispanoamérica este enfrentamiento se empezó a expresar después de la revolución cubana de 1959 y el acercamiento del gobierno de la isla a la doctrina soviética. Después de esto, el gobierno de Washington intentó evitar que cualquier otro país del continente siguiera los pasos de Cuba. Para ello, se llevaron a cabo medidas económicas, como la Alianza para el Progreso bajo la administración de John Fitzgerald Kennedy, y militares como los golpes de estado de los años 70 en Sudamérica y la posterior “Operación Cóndor”.
La “Operación Cóndor” fue un acuerdo entre Brasil, Argentina, Chile y Uruguay firmado en Punta del Este en el 1975. A través de estos pactos se permitió la colaboración de las fuerzas de inteligencia de estos países para detener y ejecutar a aquellas personas consideradas como un peligro potencial para sus respectivos regímenes. Además, también llegaron a colaborar países como Bolivia o Venezuela, pero sin entrar dentro de la operación. Todo esto se produjo con la convivencia de la CIA y del gobierno estadounidense en su lucha contra el comunismo global.
Situación anterior a 1973
La situación económico-social que precedió a la dictadura uruguaya es tremendamente compleja. Por un lado, desde el año 1966, el MLN T (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros), al cual pertenecía el expresidente José Mujica, pretendía llevar a cabo la revolución en el territorio uruguayo. Aunque en un principio no llevaron a cabo asesinatos ni secuestros, sino que se limitaban a atracos o sabotajes contra edificios gubernamentales, con el paso del tiempo fueron incrementando su violencia hasta llegar al 14 de abril de 1972, en que decretaron la guerra abierta contra las fuerzas armadas. La respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado fue la represión y tortura de todos aquellos que estuvieran vinculados a la organización. Por otro lado, la corrupción y la crisis política agudizó la inestabilidad social del país.
En esta situación, se produjo la llegada al poder de los militares, en dos fases. La primera de ellas, en febrero de 1973, terminó con los comunicados 4 y 7 por parte del ejército, en los que se especificaba que se iba a luchar contra la corrupción y el paro. Además, el presidente, Juan María Bordaberry, firmó los acuerdos de Boiso Lanza para la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). La segunda fase, se produjo el día 27 de junio de ese mismo año con la disolución, por parte del presidente, de las cámaras legislativas. El 27 de junio de 1973 se considera la fecha oficial de inicio de la dictadura uruguaya.
Portada del diario Ahora. 27 de julio de 1973. Fuente ahora
Dictadura
El gobierno de los militares se puede dividir en tres fases: Comisarial (1973 – 1976), Fundacional (1976 – 1980) y de Transición (1980 – 1985).
Etapa comisarial (1973 – 1976)
Durante los primeros años no hubo ningún proyecto económico o político para el país. El objetivo principal consistió en dotar a la nación de estabilidad social y en la eliminación de grupos como los Tupamaros. La represión fue el elemento fundamental con violaciones de los derechos humanos como torturas y ejecuciones sobre la población civil. Estados Unidos, de igual forma que en otros países como Brasil, envió asesores a Uruguay para entrenar a las Fuerzas Armadas para su lucha contra los elementos que consideraban subversivos. Dentro de esta política represiva cobró especial importancia el establecimiento de la “Operación Cóndor”
Etapa Fundacional (1976 – 1980)
En este periodo se intenta proyectar a Montevideo como una ciudad financiera internacional. Sin embargo, los acontecimientos más importantes sucedieron en la política interna del país. La tensión entre el presidente de la república y los militares terminó con la destitución de Bordaberry y su sustitución por Demicheli, que apenas estuvo tiempo en el cargo. Aparicio Méndez fue el siguiente presidente de la república de Uruguay. Por otro lado, Gregorio Álvarez, que había sido uno de los hombres más importantes del ejército, llegó a la jefatura de las fuerzas armadas con la intención de legitimar el golpe de estado mediante una constitución, que sería refrendada por el pueblo. Contra todo pronóstico, el resultado de los comicios fue un claro rechazo a la carta otorgada. Ello abrió una nueva fase dentro de la dictadura, que terminaría con la vuelta de la democracia.
Papeleta por el NO. Fuente: Uruguay Educa 
Papeleta por el SI. Fuente: Uruguay Educa
Etapa de transición (1980 – 1985)
Tras el fracaso del proyecto constitucional, se inició el proceso de vuelta a la democracia, que duró cinco años. Uno de los motivos que hizo que esto se dilatara tanto fue el nombramiento de Gregorio Álvarez como presidente de la república. Desde el cargo, revertir algunas de las medidas liberalizadoras que se habían tomado. Aun así, los movimientos sociales de oposición fueron logrando pequeñas victorias que terminaron con la dictadura. Una de ellas, se produjo en 1982 en unas elecciones internas. En esos comicios los partidos en favor de la democracia obtuvieron un resultado más favorable que el que habían obtenido en el plebiscito constitucional de 1980.
Igualmente, durante los años siguientes se fueron produciendo movilizaciones como la del 1 de mayo de 1983, que reclamaba la democratización del país; la del 27 de noviembre de 1983, que fue la más numerosa de su historia y la primera huelga general desde el inicio de la dictadura en el año 1984. La consecuencia de la fuerza que estaban adquiriendo los movimientos sociales fueron las negociaciones del Club Naval entre los militares y los partidos de oposición, durante los meses de julio y agosto de 1984. Se acordó la convocatoria de unas elecciones, para ese mismo año, que tuvieran por objetivo designar un gobierno civil. Julio María Sanguinetti, del partido Colorado, fue el vencedor de los comicios. Meses después, en 1985, comenzaba la nueva etapa democrática en Uruguay.
Vuelta a la democracia
El nuevo gobierno democrático de Sanguinetti tuvo que llevar a cabo algunas medidas para la consolidación democrática del país. Desde marzo de 1985 se proclamó una amnistía para los militares y presos políticos, se hizo una investigación sobre las violaciones de derechos humanos, se restituyó a los funcionarios que habían sido cesados por motivos ideológicos y se reestablecieron las libertades de los ciudadanos. La “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, hecha para la amnistía de aquellos militares que habían cometido crímenes y violaciones de los derechos humanos siguiendo órdenes, fue uno de los aspectos más polémicos de los años posteriores a la dictadura. Por un lado, el presidente, Julio María Sanguinetti, pretendía exculpar a un gran número de militares, por otro lado, Hugo Medina, comandante en jefe del ejército, se negaba a ello.
Esta ley fue aprobada en 1989, pero al día siguiente la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos empezaron con una iniciativa de recogida de firmas para intentar someterla a un referéndum vinculante. Se amparaban en la constitución de 1967, en la cual se especificaba que se necesitaban las firmas de un cuarto de la población para someter a votación una ley. Las elecciones, celebradas el 16 de abril de 1989, arrojaron un resultado desfavorable a la anulación de la ley de amnistía. Este momento es puesto como el final de la transición uruguaya a la democracia.
La amnistía de los militares es algo que continuó generando profundos debates dentro de la sociedad uruguaya. La posible equiparación entre victimas y verdugos, la “teoría de los dos demonios” y el intento de reparación y verdad por parte de aquellas personas que sufrieron la dictadura hicieron que en el año 2009 se produjera una nueva votación para anular algunos aspectos de la ley de 1989. En este caso el resultado volvió a ser negativo para la anulación de la ley de 1989.
Bibliografía
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MARTINEZ LILLO, Pedro y RUBIO APIOLAZA, Pablo: América Latina Actual del populismo al giro de izquierdas, Madrid, UAM Ediciones, 2017.
